La presión civil logra abaratar un anticancerígeno de Novartis
Por Andrea Ornelas
07 DE JULIO DE 2016 – En Colombia, los enfermos de leucemia son tratados con Imatinib, medicamento que Novartis fabrica bajo el nombre comercial de Glivec.
Tras dos años de esfuerzos, organismos no lucrativos colombianos consiguen que el Ministerio de Salud del país declare de “interés público” el antileucémico Glivec. Esta decisión, única en el mundo, ha despertado el rechazo de la farmacéutica suiza y de representantes del Congreso en Estados Unidos.
Se espera que el precio del fármaco, cuya producción exclusiva en Colombia está a cargo de Novartis, se reduzca entre un 40 y un 60%. El porcentaje final lo decidirá la Comisión Nacional de Precios de Medicamentos.
Historia del Glivec en Colombia
En 2003, la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia negó a Novartis la patente de Glivec (mesilato de Imatinib) por considerar que carecía de carácter inventivo. La farmacéutica apeló ante el Consejo de Estado y consiguió la patente en el año 2012, lo que supuso la eliminación de los genéricos de Imatinib que se producían entonces.
En 2014, un grupo de organizaciones civiles colombianas buscaron el respaldo de organismos internacionales para conseguir que se declare la licencia obligatoria del Glivec, lo que rompería el monopolio de Novartis en la producción de este medicamento y permitiría fabricar versiones genéricas más baratas.
En 2015, la Secretaría de Estado de Economía (Seco), en voz de la responsable de Relaciones Económicas Bilaterales, Livia Leu, se manifestó a favor de Novartis argumentando que las licencias obligatorias deben ser una herramienta de último recurso porque frenan la investigación y la innovación.
El Acuerdo de la OMC sobre los Aspectos de la Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) y la Declaración de Doha reconocen el derecho de las naciones a decidir libremente licencias obligatorias en función de sus intereses nacionales.
El gobierno colombiano declaró en junio el Glivec un tema de interés público, lo que abre la posibilidad de que en el futuro se apruebe también una licencia obligatoria para el mismo.
Las ventas de Glivec en Colombia representan menos del 1% de la facturación mundial de este fármaco.
Misión Salud, el Centro de Información de Medicamentos de la Universidad Nacional de Colombia (CIMUN) y la Fundación Ifarma –los tres organismos que fueron origen del cambio–confían en que esta declaración de interés público sea la antesala del otorgamiento de una “licencia obligatoria” para el Glivec, lo que permitiría producir versiones genéricas aún más baratas.
Con este expediente, Colombia hace historia. Es la primera vez que un medicamento contra el cáncer –uno de los filones más rentables de las farmacéuticas globales– se declara de interés público.
Un gran paso
En Colombia, los enfermos de leucemia son tratados con Imatinib, medicamento que Novartis fabrica bajo el nombre comercial de Glivec. El tratamiento cuesta una media de 17 000 dólares por paciente, costo que desembolsa el sistema de salud pública y que equivale a lo que gana en cinco años un obrero que percibe el salario mínimo.
La Resolución 2475 de 2016 que presentó en junio el ministro de Salud, Alejandro Gaviria, es “realmente trascendente porque es el paso previo indispensable para conceder una ‘licencia obligatoria’ [permiso que otorga un gobierno para producir un bien patentado sin el consentimiento del titular de la patente]”, explica en entrevista telefónica German Holguín, director general de Misión Salud.
A su juicio, fue una decisión valiente, “porque Colombia ha enfrentado mucha presión en este caso: de la industria farmacéutica local, de Novartis, del Gobierno suizo [el año pasado] y durante las últimas semanas también de congresistas estadounidenses”.
Amago al proceso de paz
A finales de abril, la Embajada de Colombia en EEUU envió una misiva al Ministro de Salud colombiano en la que le advertía que tras una serie de reuniones entre diplomáticos colombianos y funcionarios de la Oficina de Representantes de Comercio de EEUU y del Comité de Finanzas del Senado se había hecho evidente una clara molestia estadounidense ante la posibilidad de que se declarara una licencia obligatoria para el Glivec.
Andrés Flórez, encargado de Negocios de la Embajada Colombiana en Washington y autor de la carta, informaba al Ministerio de Salud colombiano que representantes de EEUU le habían hecho saber que seguir adelante en este proceso supondría una violación a los derechos de propiedad intelectual de Novartis y al Tratado de Libre Comercio entre Colombia y EEUU.
Por tanto, advirtieron que conceder una licencia obligatoria al Glivec podría provocar que la industria farmacéutica estadounidense interfiriera en temas sensibles para Colombia, como la aprobación de los recursos para la iniciativa ‘Paz Colombia’, ofrecidos previamente por el gobierno de Barack Obama.
Inconformidad de Novartis y Afidro
Novartis no esconde la preocupación por que el gobierno de Colombia haya declarado el Glivec de interés público.
Apoyo global
Misión Salud, Fundación IFARMA yCIMUN consideran que en Colombia y América Latina es fundamental “priorizar el derecho a la salud por encima de los intereses particulares de lucro y otras dinámicas geopolíticas orientadas que ponen los intereses de las multinacionales farmacéuticas por encima del bien común”.
Desde el año 2014 han contado con el apoyo de 122 expertos internacionales en propiedad intelectual y salud pública, así como de varias ONG internacionales, entre ellas las suizas Asociación de Ayuda Médica para América Central (AMCA) yDeclaración de Berna.
“Negociamos de buena fe y sugerimos una variedad de soluciones para beneficio de los pacientes, los innovadores y las autoridades. Pero, desafortunadamente, todas estas alternativas fueron rechazadas por el gobierno [colombiano]”, afirmó en un comunicado.
La farmacéutica suiza dice ser consciente de los retos financieros que enfrenta el sector salud colombiano, pero considera que reducir el precio de Glivec no es la solución.
“El precio de venta de Glivec lo fijado de forma unilateral el gobierno y se ha reducido dos veces en los últimos tres años. Forzar un control de precios es inapropiado e injustificado, y cuando un país cambia arbitrariamente sus reglas, modifica acuerdos y compromisos, erosiona la certeza y la confianza que las compañías internacionales necesitan para invertir”, sentenció la multinacional.
Germán Holguín no coincide y explica que el gobierno colombiano fijó el precio del Glivec, pero a partir de un esquema que no favorece los intereses nacionales.
Para determinarlo “se saca un promedio del precio que tiene este medicamento en diversos países, pero solo está permitido referenciar por marca. ¿Qué supone esto? Que si en un país comercializa la marca Glivec, pero también otras versiones genéricas más baratas del Imatinib, estas no serán consideradas para el promedio del precio colombiano. Por lo tanto, las referencias de precios que se toman son las más altas”.
Novartis no descarta apelar la decisión de Bogotá en los tribunales. Y la Asociación de Laboratorios Farmacéuticos de Investigación y Desarrollos (Afidro) de Colombia apoya esta visión.
Gustavo Morales, presidente de la Afidro, manifestó por escrito que las industrias basan su desarrollo en la investigación e innovación, y están nerviosas con el antecedente que sienta el Glivec, que es un medicamento patentado. “La posición [del Ministerio de Salud] pone en duda todas las patentes y resquebraja los cimientos del régimen de propiedad intelectual de Colombia”.
El futuro inmediato
Con la decisión del gobierno colombiano, el laboratorio Novartis mantiene el monopolio en la venta del Glivec en Colombia, pero deberá ceñirse a la rebaja que determine la Comisión Nacional de Precios de Medicamentos –integrada por miembros del Ministerio de Salud y de la Presidencia. No hay un plazo para tomar la decisión.
Sin embargo, “dada la forma en la que quedó redactada la declaración del Ministerio de Salud sobre la declaratoria de interés, nosotros (Misión Salud, Ifarma y CIMUN), como organizaciones, podemos solicitar la licencia obligatoria. Y procederemos en este sentido en el momento oportuno”, anticipa Germán Holguín.
Con ello, las organizaciones civiles buscarán que la producción de genéricos del Imatinib abarate aún más este anticancerígeno e intentarán extender el procedimiento a otros fármacos.
“Hay alrededor de 46 medicamentos con precios superiores a lo conveniente que causan un daño grave al presupuesto del sistema de salud en Colombia. La metodología para el control de precios del Imatinib no existía, ahora que la tenemos, podemos utilizarla para otros fármacos de alto costo, especialmente de tipo oncológico y para el tratamiento de males como la hepatitis o el VIH”, afirma el galeno.
SWISSINFO