Tras una reunión en el Ministerio de Agricultura de la Argentina,el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, anunció que se emitirá un Decreto de Necesidad de Urgencia (DNU) para regular el mercado de semillas en el país.
20/2015 – Este martes se llevó a cabo un encuentro en la sede de la cartera agropecuaria nacional del cual participaron, entre otros, el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Carlos Casamiquela, y el jefe de Gabinete de la Nación, Aníbal Fernández, quienes se reunieron “con representantes de toda la cadena productiva para anunciar importantes medidas para el sector”, según informó el Ministerio.
Allí se anunció que por decreto se fijará que “todos los pagos por derecho de propiedad deben realizarse en la semilla, además de crear un registro de uso propio que determinará qué porción de la semilla no fiscalizada es de uso propio y qué porción corresponde al comercio de ‘bolsa blanca”, término con el que se denomina al producto no certificado o fiscalizado (la venta de las semillas de soja como grano por parte de productores).
De acuerdo a lo explicado por Fernández, el DNU excluirá del pago a los pequeños agricultores y también creará un fideicomiso para el fomento de la biotecnología en el país a través del cobro de un canon tecnológico. Esto supone un guiño al reciente acercamiento entre la Federación Agraria Argentina (FAA), ahora conducida por Omar Príncipe, y el gobierno nacional.
El ministro Casamiquela subrayó “el consenso alcanzado entre el Estado y los diversos actores”, destacando esta decisión como una “modernización del sistema de pago, que establece que no haya dos derechos de propiedad sobre el mismo bien”.
De acuerdo con el comunicado emitido por el propio Ministerio de Agricultura participaron de la reunión “representantes de acopios, exportadoras, cadenas, semilleros y entidades técnicas y de productores, quienes coincidieron en valorar la voluntad del gobierno por alcanzar el consenso necesario para solucionar el problema histórico del comercio de semillas en el país, que en los últimos tiempos había generado conflictos entre diversos actores de la cadena”.
En ese sentido Aníbal Fernandez opinó que de esta forma se pone “fin a tantos años de discusión”. Pero el debate de la que habla el ministro coordinador difícilmente termine por decreto.
Según la información brindada oficialmente, no fue parte de la reunión Emilio Pérsico, subsecretario de Agricultura Familiar que tiene una estrecha relación con el Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI). Este hecho, sumado a que ninguno de los funcionarios presentes habló del tema, pone en duda como afectará esta medida al sector campesino.
Hay que tener en cuenta que desde 2012, cuando se empezó a discutir la posibilidad de una nueva Ley de Semillas, un amplio espectro de organizaciones sociales y políticas advirtió sobre los peligros de una legislación que permita un avance aun mayor de las transnacionales en el agro, así como la destrucción de formas ancestrales de producción campesina.
En noviembre de 2014 se realizó en el Congreso de la Nación una jornada de debate sobre las “leyes de semillas y modelo productivo en Argentina”. En aquella oportunidad Tamara Perelmuter, integrante de la Campaña “No a la nueva ley Monsanto de semillas en Argentina”, explicaba que “la actual ley que se quiere modificar, y que data de 1973, ya privatiza las semillas, pero el anteproyecto actual apunta a una profundización del proceso de privatización”.
La legislación busca eliminar la figura del uso propio, ya que actualmente los agricultores pueden guardar las semillas, resembrarlas e intercambiarlas libremente, “prácticas que de aprobarse la nueva ley no podrían realizarse”, sostuvo Perelmuter y añadió que “otorga a las empresas el poder de policía para controlar y fiscalizar los campos en el caso de que se presuma que la ley no se cumple”.
Si bien todavía no se conoce el texto definitivo del DNU resulta curioso que se utilice esta herramienta para regular un sector de la producción para el cual, al mismo tiempo, se está trabajando un proyecto de ley. Enrique Martínez, actual coordinador del Instituto para la Producción Popular del Movimiento Evita advirtió al respecto que “la ley de semillas que se prevé por DNU debería recibir un debate profundo. Es inexplicable que se apruebe sin más”.
A su vez, Perelmuter comentó a Notas que un diversas organizaciones ya están elaborando un comunicado donde rechazarán esta medida exigiendo “un amplio debate público” que incluya la participación de organizaciones sociales y campesina
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