Agronegocios: Mapa de la conflictividad bonaerense
Investigadores del CONICET y la UNSAM identificaron casi 100 casos de conflictos socioambientales vinculados a los agronegocios en la provincia de Buenos Aires y elaboraron un mapa que busca relevar y sistematizar esa información, así como experiencias de organización y resistencia de pueblos afectados. Es un espacio en construcción abierto a la inclusión de datos que mejoren el registro.
Por Vanina Lombardi (RESUMEN)
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Agencia TSS – La Argentina es uno de los países de la región que más agrotóxicos utiliza. Su uso se ha incrementado de manera exponencial durante los últimos 30 años. Se estima que, actualmente, en el agronegocio más del 64% de los cultivos son genéticamente modificados, y que se utilizan más de 650 millones de litros anuales de agrotóxicos. También se han multiplicado los estudios científicos que analizan los riesgos e impactos del uso de pesticidas, tanto para el ambiente como para la salud humana.
Como respuesta, las poblaciones afectadas comenzaron a organizarse, a cuestionar el modelo productivo y a reclamar por modos de producción más saludables y seguros. Sin embargo, todavía no hay una ley nacional que regule el uso de plaguicidas y herbicidas, ni datos oficiales sobre los conflictos socioambientales que este modelo productivo genera.
Frente a esta situación, investigadores e investigadoras del Laboratorio de Investigación en Ciencias Humanas de la Universidad de San Martín (LICH–UNSAM) elaboraron un mapa online de la conflictividad socioambiental vinculada al agronegocio en la provincia de Buenos Aires, la más extensa y la más densamente poblada del país, adonde la conflictividad asociada a esta matriz productiva se multiplica.
El mapa registra distintas dimensiones de los problemas, como su judicialización; el tipo de acciones y actores implicados, y la afectación por el uso intensivo de plaguicidas en cursos de agua, escuelas y residentes rurales y urbanos de la provincia.
“Desde los poderes oficiales se insiste mucho en marcar que este tipo de conflictos son casos aislados o accidentales, pero el mapa muestra el carácter estructural de esta conflictividad, está lleno de puntos que remiten a un problema que detectamos, ya sea por afectaciones a escuelas o cursos de agua, o por uso de plaguicidas”, dice Cecilia Gárgano, una de las coordinadoras de este proyecto junto con Martín Prieto, y advierte que este trabajo también da cuenta de la necesidad de dar una discusión seria e informada sobre esta forma de producir.