José María Lassalle (Santander, 1966), secretario de Estado de Cultura, aceptó ayer hacer esta entrevista porque la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual es el primer anteproyecto normativo que “sale de la secretaría” en los dos años que lleva él al frente.
Pregunta. Conocerá el dicho… “No se puede contentar a todos, pero sí cabrear a la mayoría”. Tras un sondeo con los sectores implicados parece que lo han vuelto a lograr…
Respuesta. Pues se han escuchado todos los intereses, que son muy contradictorios entre sí. Se ha tratado de articular una posición equilibrada inspirada por el interés general. Hemos mantenido en todo momento audiencia con los interesados, individual y grupalmente…
P. O sea que esto no se trata de quién tiene el lobby más largo.
R. Una de las razones por las que esta ley ha salido adelante es porque ha tratado de buscar el equilibrio de intereses. Por fortuna, en esta ocasión los lobbies por aquí no han aparecido.
P. ¿Ha habido muchos tira y afloja entre los ministerios implicados, Economía, Industria, Justicia y Cultura?
R. Menos de los que se cuenta.
P. ¿Y cuáles, se cuenten o no, han sido esos rifirrafes?
R. Es normal que cada ministerio trate de salvaguardar sus intereses. Pero en términos generales no ha habido conflictos que no hayan podido ser resueltos…
P. Eso no responde la pregunta. ¿Cuáles fueron esos puntos de fricción?
R. Los derechos de propiedad intelectual tienen intereses conflictivos muy complejos que no se pueden abrir a todos. Ha habido que ir alcanzando acuerdos.
P. El anuncio relativo al pago de los agregadores de noticias a los medios de comunicación ha causado gran impresión, pero no parece demasiado concreto en su formulación.
Google, como otros operadores que trabajan en España, está obligado a respetar la legalidad española
R. Se trata de un derecho de remuneración que se reconoce por primera vez a los editores. Es el reconocimiento de que la agregación genera un derecho. La negociación se hará entre las entidades de gestión y las empresas tecnológicas, pero el Estado estará detrás para que se alcance un modelo que se ajuste a lo que la ley prevé en torno a las tarifas.
P. Cojamos el caso de Google, por ser el más notorio. ¿Si el Estado carece de mecanismos para lograr que pague sus impuestos en España, cómo vamos a lograr que remunere a los diarios por sus contenidos?
R. Hay cauces legales para establecer sanciones a aquellos que estén obligados a atender a un pago y no lo atiendan. Google, como otros operadores que operan en España, está obligado a respetar la legalidad española. Por primera vez, la ley prevé que la Sección Primera de la Comisión de Propiedad Intelectual tenga mecanismos para hacerla cumplir.
P. ¿Cuánto deberían pagar, según usted, los agregadores de noticias a los diarios para que pueda ser considerada, como promete el texto, una remuneración equitativa?
R. Los que tendrán que decirlo son los técnicos de la Comisión y, en última instancia, los tribunales, como en cualquier ley.
P. ¿Sigue pensando, como dijo en cierta ocasión que la comisión creada por la ley Sinde podría funcionar mejor de lo que lo hace?
R. Al hilo de cómo ha mejorado, por supuesto que no. Ahora, con la experiencia de estos dos años, vamos a reforzar su funcionamiento, con recursos humanos y en la medida que sea posible…
P. La ley ha reducido los supuestos que merecen una compensación por copia privada, el antiguo canon digital, hasta el punto de que las entidades de gestión recibieron de liquidación en 2012 poco más de ocho millones de euros, frente a los 115 del pico de recaudación del viejo canon. Da la impresión de que primero se decidió que este capítulo se cargase a los Presupuestos Generales del Estado, luego se vio que no había dinero para ello y finalmente se optó por adaptar los supuestos de la ley para que las cuentas salgan.
En términos generales no ha habido conflictos entre los ministerios que no hayan podido ser resueltos
R. Lo que se ha hecho es tratar por todos los medios de ajustarnos a una seguridad jurídica para lo que es un marco transitorio y residual de consumo. El hábito de los usuarios no indica que los soportes analógicos sean el futuro. Ha habido un descenso del consumo analógico.
P. ¿Pero tanto como casi 20 veces menos?
R. Habría que preguntarse si antes la cuantía que estaba diseñada para remunerar se ajustaba al consumo de aparatos que reproducían soportes analógicos.
P. ¿Con la nueva ventanilla única, que velará conjuntamente por los derechos de las muy diferentes entidades de gestión, no existe el riesgo de que se igualen las tarifas por arriba?
R. Si se aprecia una desproporción tarifaria intervendrá la sección primera de la Comisión de la Propiedad Intelectual.
P. ¿No es esta una misión más propia de la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia?
R. No, no puede tratarse esto desde un punto de vista economicista, no solo se trata de mercado. La propiedad intelectual no es una propiedad más.
P. ¿Por qué no se han incluido las retransmisiones deportivas en la potección de la ley?
R. Tienen un ámbito de protección propio: la Ley de Enjuiciamiento Civil y el propio Código Penal. El ámbito audiovisual tiene su propio marco que no es el de los derechos de autor.