Argentina – – La polémica por la crítica situación de la lechería se incrementó cuando el ministro de la Producción de Santa Fe, Luis Contigiani, advirtió que la actividad se encamina a un proceso de «cartelización».
Ocurre que los tamberos cobran entre 2,40 y 2,60 pesos el litro de la leche cruda en tranquera, un valor que se ubica por debajo de sus costos de producción, pero no pueden mejorarlo porque la industria se niega a recalcular.
El concepto que surgió, en medio de la crisis, es el de cartelización, es decir, la acción de un grupo de empresas pertenecientes a un sector determinado que «acuerdan» los precios que ofrecerán en un mercado que dominan.
La Confederación de Asociaciones Rurales de Santa Fe (Carsfe) precisó que en la Argentina hay más de 1.000 empresas lácteas que producen para el mercado interno, pero sólo 15 están preparadas para la elaboración de leche en polvo.
Y, lo más alarmante de las precisiones brindadas por Carsfe es que sólo tres compañías acumulan más del 70 por ciento de la exportación de Argentina de este producto, clave en la base alimentaria de muchos países.
«¿Hacia dónde vamos entonces si Argentina produce 11.000 millones de litros anuales, consume 8.200 millones y no está preparada para ser un jugador competitivo en el mercado internacional?», se preguntó la Confederación de Santa Fe, donde está una de las mayores cuencas lecheras, la de Rafaela.
La Carsfe publicó un comunicado firmado por su presidente Gustavo Vionnet y su secretario, Ignacio Mántaras, quienes coincidieron con Contigiani al trazar un panorama sombrío sobre este sector de la economía.
Contigiani advirtió que la actividad no está ante un problema de oferta y demanda sino de cartelización, falta de transparencia, ajuste por los sectores más débiles (que son el tambero y el consumidor final), falta de arbitraje y reglas de juego.
Para los ruralistas de la Carsfe, en tanto, la inestabilidad que esta situación genera conduce inexorablemente hacia dos posibilidades que generan mayor incertidumbre, según publicó el Portal Lechero.
En principio, el achicamiento del sector hasta volver a generar equilibrio de productos con la demanda interna, lo que hoy implica el cierre de 3.000 tambos y más de 600 industrias Pyme, con la pérdida de 20.000 puestos de trabajos directos y otros 30.000 indirectos, «produciendo un impacto brutal en la economía de los pueblos del interior».
La otra alternativa es la del crecimiento: «Ganar mercados, con instalaciones industriales que sean capaces de producir productos de exportación, con calidad y precios competitivos internacionalmente».
Consideraron los ruralistas de la Carsfe que el achique no parecería ser una opción para un país como la Argentina, con posibilidades reales de convertirse en un jugador internacional de peso.
Sin embargo, señalaron que ésta es la opción que en silencio está puesta en marcha hoy, «cuando sólo se pierde tiempo intentando actuar sobre la coyuntura, sin poner sobre la mesa el tema estructural que se ha planteado».
Se preguntan en la Carsfe si las 17 industrias que acopian el 65% de leche cruda y se sienten las conductoras de la lechería nacional, con todo el peso y poder para poner a sus referentes en los puestos de toma de decisiones.
El mercado de este agronegocio está compuesto por los productos lácteos y la «mesa de los argentinos» consume el equivalente a 8.200 millones de litros de leche anuales convertidos en quesos, manteca, leche fluida y leche en polvo.
En los últimos 10 años, los tambos han producido en promedio un total de alrededor de 11.000 millones de litros anuales, sin mostrar crecimiento.
Mientras los precios internacionales se mantuvieron por arriba del promedio y el tipo de cambio fue competitivo, fue posible exportar lo que no consumía el país, a pesar de las restricciones impuestas por el anterior gobierno.
El ministro Contigiani propuso «que se arme un comité de crisis nacional en el que estén sentados todos los actores de la cadena porque se ve que no están dando resultados los encuentros bilaterales».
Y la diputada bonaerense del Frente Renovador, María del Huerto Ratto, reclamó al gobierno provincial que se exima a los tamberos de pagar los impuestos y también de la suba anunciada en la tarifa eléctrica.
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HACIA LA LEY DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
El oficialismo de la Cámara de Diputados presentó un proyecto para reformar la ley de Defensa de la Competencia, que prevé la creación de la figura del arrepentido para combatir las prácticas monopólicas y de abuso de posición dominante, la conformación de la Agencia Nacional de la Competencia como un ente autárquico y la imposición de fuertes multas económicas, entre otros puntos.
«Este proyecto es para proteger a consumidores y productores contra la cartelización en muchos sectores», dijo la diputada Elisa Carrió (Coalición Cívica) durante la presentación en la que también estuvieron presentes el vicejefe de Gabinete, Mario Quintana; el ministro de Producción, Francisco Cabrera y el secretario de Comercio, Miguel Braun.
Además, acompañaron a Carrió en la presentación, el coautor del proyecto y titular del bloque radical, Mario Negri; el presidente de la Cámara, el macrista Emilio Monzó; y el jefe del bloque PRO, Nicolás Massot.
«Nosotros queremos una Argentina de competencia y esta Ley va a permitir que haya competitividad para la exportación y que no haya abusos ni concentración», sostuvo Carrió, quien tomó el papel protagónico durante la presentación.
En ese sentido, la líder de la Coalición Cívica, enfatizó: «Lo que tiene que estar claro es que la Argentina en competencia es un país que puede exportar y que baje los precios».
Para Carrió «hasta hoy tenemos un modelo hecho para la concentración económica y el trabajo de colaboración en Cambiemos muestra que la República debe funcionar así porque no hay mas Cámaras que obedezcan, no hay más ‘escribanías’: hay trabajo en conjunto entre Legislativo y Ejecutivo».
Más precisa, recordó: «Vengo denunciando el tema de la cartelización desde el 2003, cuando cada presidente de la Cámara Argentina de la Construcción arreglaba con las provincias que empresas se quedaba con cada obra sin que haya competencia y con coimas a los gobernadores».
«No puede ser que en la Argentina los alimentos tengan los precios que tienen, siendo uno de los países con mayor llanura del mundo. Se van a terminar las cartelizaciones, porque se pueden bajar los precios y subir la calidad», expresó.
En tanto, Negri dijo que «el objetivo de este ley es proteger el bienestar de los consumidores y el correcto funcionamiento del mercado para que no haya conductas cartelizadas ni abusos de posición dominante».
«La ley actual (25.156) ha quedado obsoleta, por eso es momento de sancionar una nueva norma que incorpore las mejores prácticas internacionales en Defensa de la Competencia».
El cordobés aclaró que «esta ley no es contra nadie, sino que es en favor de la sociedad», que «el gobierno no arma leyes para perjudicar a nadie» y que «el ultimo que hizo mal uso de las herramientas del Estado en materia de competencia fue el -secretario de Comercio de los gobiernos kirchneristas, Guillermo- Moreno».
A su turno, Cabrera indicó que «el Poder Ejecutivo apoya este proyecto porque la defensa de la competencia es un pilar fundamental del Plan Productivo Nacional en el que trabajamos todos juntos».
«Tenemos la responsabilidad de crear las condiciones para que la Argentina tenga de una vez por todas reglas claras para los consumidores y que sea un escenario propicio que aliente las inversiones de las PyMEs para generar más empleo y estar a la altura de las mejores prácticas internacionales», añadió.
Por su parte, el secretario de Comercio, Miguel Braun, acompañado por el titular de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, Esteban Greco, resaltó «la importancia de este proyecto» porque «consolida la visión del Gobierno de tener un instrumento legítimo para defender los intereses de los consumidores y evitar abusos que afecten el bolsillo de la gente».
«Esperamos que esta iniciativa contribuya a potenciar el trabajo transparente y profesional que viene llevando la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia», agregó.
Los principales referentes de Cambiemos confiaron a Télam que el proyecto ingresaría en un plenario de comisiones la semana próxima, y que el objetivo es «convertirlo en ley antes de fin de año».
Entre los puntos principales del proyecto redactado por Negri y Carrió se destaca la creación de la Agencia Nacional de la Competencia como ente autárquico, dado que en la actualidad existe ese organismo, pero depende de la Secretaría de Comercio.
Otro aspecto central es la creación de la figura del arrepentido, con el objeto de que una persona o empresa pueda denunciar el propio accionar monopólico, para que se pueda evitar esa cartelización que sucede cuando se acuerdan precios entre dos o varias empresas.
Otro aspecto de la reforma de la ley de Defensa de la Competencia es el aumento de las multas a las empresas que realizan prácticas de abuso de posición dominante, ya que las mismas están muy desactualizadas.
También su subirá el monto para pedir autorización para la fusión de empresas.
La ley de Defensa de la Competencia actual fue sancionada en agosto de 1999 en el tramo final del gobierno del peronista Carlos Menem, como parte de una exigencia surgida de la reforma constitucional de 1994, aunque nunca se conformó el tribunal que debía aplicar y controlar el cumplimiento de esta norma.
Sobre las penalidades que prevé el proyectoEl proyecto de ley estipula multas de hasta 3.000 millones de pesos ajustables por el Indice de Precios al Consumidor, en lo que constituye uno de los mayores aspectos para enfrentar los casos de abuso de posición dominante o cartelización.
El texto elaborado por el presidente del bloque radical, Mario Negri, y por la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, contempla tres tipos de sanciones disuasivas: el del beneficio ilícito, sancionando con un tope de hasta el doble del beneficio obtenido ilícitamente como resultado de la conducta anticompetitiva; el porcentual, de hasta 30% del volumen de negocios en los mercados afectados, multiplicado por el número de años de duración de dicho acto o hasta el 30% del volumen de negocios consolidado a nivel nacional del grupo económico durante el último ejercicio.
Por último, establece el criterio Monetario mencionado en el primer párrafo: una multa de hasta 200 millones de Unidades Móviles (equivalente hoy a $3.000 millones ajustables por IPC).