A propósito de una presentación para reformar la Ley de Patentes en los sectores de la Industria Farmacéutica, recordamos un acontecimiento ocurrido hace 52 años
ARGENTINA – Cuando asumió en octubre de 1963, el radical Arturo Illia tenía varios desafíos. Con un magro margen de votos para ese tiempo (apenas superó el 25 por ciento de los votos), su presidencia debía fortalecerse rápidamente en un contexto de golpes militares y creciente violencia política.
Cuando formó su gabinete, decidió darle la responsabilidad de la salud pública al salteño Arturo Oñativia, un médico de larga trayectoria, que militaba en la UCR. Su llegada, casi en silencio, comenzó a ganar notoriedad casi de inmediato
En enero del 64, el funcionario presentó el primer borrador de una ley que sería trascendental para el futuro del país, y marcaría el comienzo de los problemas serios del gobierno de Illia.
Se trata de una ley que regulaba la industria farmacéutica, y que fue fuertemente resistida por los sectores de poder. Una norma revolucionaria para su tiempo, que terminó desgastando al gobierno, al punto de ser una de las causas fuertes de su derrocamiento. A 52 años de aquel hito de la salud pública, una mirada detrás del entramado de intereses que impidieron su puesta en funcionamiento plena.
En enero de 1964 el primer borrador de la ley llegó al Congreso. Con una economía compleja, con el sector militar siempre dispuesto a interceder en los asuntos gubernamentales y el tema del peronismo como grandes prioridades, la ley 16.462 de medicamentos no despertó de entrada demasiado revuelo.
Pero cuando comenzó su análisis los sectores más cercanos a los laboratorios productores (en rigor de verdad a los sectores concentrados de la economía en su conjunto), la medida los alteró. Incluso, los más fervientes opositores la trataron de “comunista”.
Pero de qué se trataba esta ley tan controvertida. La misma establecía una política de precios y de control de medicamentos, congelando los precios a los vigentes a fines de 1963, fijando límites para los gastos de publicidad, imponiendo límites a la posibilidad de realizar pagos al exterior en concepto de regalías y de compra de insumos.
En definitiva, un férreo control estatal a uno de los sectores más poderosos de la economía de esos tiempos, y que hoy se mantiene como actor de poder pese a los cambios de épocas.
La reglamentación posterior realizada por el ejecutivo nacional (en el año 1965) fijaba además la obligación para las empresas de presentar mediante declaración jurada un análisis de costos y a formalizar todos los contratos de regalías existentes.
Desde que fue presentada en enero hasta que se aprobó en agosto hubo fuertes debates en torno de la ley. Finalmente, las negociaciones del propio Oñativia y el gobierno de Illia lograron su aprobación con apoyo contundente.
En el Congreso la iniciativa recibió el apoyo de todos los bloques políticos, excepto UDELPA y la Federación de Partidos del Centro. Durante este tiempo de debate, se creó una comisión creada por el presidente Illia sobre 300 mil muestras de medicamentos. Muchos de estos medicamentos no eran fabricados con la fórmula declarada por el laboratorio y su precio excedía en un mil por ciento al costo de producción, lo que dejó en claro la necesidad de mejorar el control sobre el sector.
El trabajo de esta comisión fue clave para la elaboración de la norma. En realidad, la misma se dividió en dos: una formada por médicos y farmacéuticos y otra por contadores y economistas. La primera trabajó sobre los medicamentos en sí, su composición y su seguridad. La segunda se limitó al estudio económico y financiero del sector, y determino las extraordinarias ganancias que tenían los laboratorios.
La puja por la aprobación de la norma fue larga y dura. Muchos fueron los puntos “calientes”. “Este es un gobierno dirigista que se inmiscuye en la elaboración de las medicinas, cuando somos nosotros, los expertos internacionales, los que debemos ocuparnos de ello» le dijo a Illia una delegación de los laboratorios que lo visitó en la Casa de Gobierno en la previa a la aprobación de la ley.
La respuesta de Illia fue contundente: “cada uno de ustedes tiene seis meses para presentarnos una declaración jurada en donde interpreten y afirmen cuál es la calidad de su medicamento y la composición de su costo de producción. Con esa documentación hablamos, mientras tanto los precios siguen congelados”.
El 23 de julio de 1964 se aprobó la ley, la cual promulgada el 4 de agosto. La ira de los grandes laboratorios no tardó en hacerse sentir, y al inicial desagrado norteamericano por el tema de la anulación de los contratos petroleros se sumó el enojo de la industria farmacéutica extranjera.
Partidarios, opositores y observadores imparciales coincidieron en que esta política tuvo un peso decisivo en el proceso político que culminara con el derrocamiento del presidente a manos de un golpe militar.
Un pionero de la salud pública
La ley que empezó a sellar la suerte de Illia fue elaborada por Arturo Oñativia, (foto)un salteño nacido el 15 de abril de 1914,. Hijo de José María Oñativia y de Delicia Moreno Boedo, cursó sus estudios secundarios en los Colegios Belgrano y Nacional de Salta, egresando en 1931. Ingresa posteriormente en la Facultad de Medicina de Buenos Aires, diplomándose en 1940 como Doctor en Medicina. Su monografía de doctorado “Estudio clínico del síndrome adiposo genital”, obtuvo un “sobresaliente”.
Desempeñó múltiples cargos desde 1940 a 1951 en la ciudad de Buenos Aires, en el Hospital Alvear, Hospital Rivadavia y en la Facultad de Medicina. Durante el lapso de octubre de 1957 a julio de 1958 cumple la función de Delegado Sanitario Federal del Ministerio de Acción y Salud Pública de la Nación. En febrero de 1958 asume la dirección del Instituto de Endocrinología de Salta; ocupando también en octubre de 1960 el cargo de Director del Instituto en la Facultad de Medicina de Tucumán.
Militó activamente en la política desde las filas de la Unión Cívica Radical, ocupando importantes cargos directivos, inclusive la Presidencia de la misma en la agrupación de su provincia; siendo además postulado a distintos cargos electivos y, al de Gobernador.
En esas elecciones de 1962 no aceptó la designación de Senador Nacional con que había resuelto ungirlo la Legislatura Provincial; pero, en octubre de 1963, el Presidente de la Nación, Arturo Illia, en mérito a sus antecedentes profesionales, lo llama a colaborar en su gabinete de gobierno desde el cargo de Ministro de Asistencia Social y Salud Pública de la Nación.
por Mirada Profesional
Al ver lo que eran funcionarios de verdad, patriotas, comprometidos, honestos; solo me queda desazón y tristeza. Muy buena nota, saludos.
Excelente artículo recordando a 2 grandes argentinos, ambos comprometidos con los verdaderos intereses nacionales. Quienes vivimos aquella gestión presidencial del Dr. Illia recordaremos con mucha vergüenza la falta de apoyo a su actitud patriótica y firmeza republicana.